Un Diputado le Disputa al Gobernador La Facultad de Otorgar Concesiones

En más de medio siglo que tienen operando los automóviles de alquiler en Aguascalientes (Rodolfo Llamas recuerda las vicisitudes durante la Segunda Guerra Mundial), nunca como ahora esa actividad había sido motivo de tantas atenciones oficiales.

Desde que los carros de «sitio» comenzaron a formar parte de la infraestructura urbana, ningún gobierno había dado tanta importancia a los «ruleteros», como no fuera para intentar imponer orden en la titularidad o en el cobro de las «dejadas».

Hoy, Felipe González, a juzgar por el tiempo, dinero y esfuerzo que le dedica al asunto, lo considera prácticamente una «prioridad de estado», lo que no ocurre con otros artículos del mismo Código Urbano como el 596, por ejemplo, que dice que tiene preferencia de paso el peatón.

Pero no es el gobernador el único interesado en meter mano en ese gremio. Hasta un diputado le brincó por ahí con una iniciativa para reformar el Código Urbano en el articulado referente al servicio de transporte público en autos de alquiler, propuesta con la que espera ganarse un sitio en la historia.

Hay quienes opinan que José Luis Novales —el diputado que constitucionalmente representa al primer distrito local electoral pero que nunca se ha preocupado por el bienestar de sus representados, y al que la gran mayoría ni siquiera conoce— no tiene la capacidad necesaria para elaborar una iniciativa como la de marras. Pero luego de leer y analizar el documento se concluye que sí, que José Luis Novales sí es el autor o que al menos sí cubre ese perfil.

El asunto de los taxis no es cualquier cosa, ya que involucra a un número de familias igual al que de concesiones se han otorgado, y ellas suman 2,903; cifra que, sin embargo, representa bien poco comparada con la de personas que integran la sociedad aguascalentense, cercana al millón.

Sin embargo, el asunto le interesa sobremanera al gobierno y a los diputados, aunque es sólo uno el que anda en la danza.

¿Por qué es tan importante el caso?

Desde siempre, por cada concesión de taxi otorgada, decenas de personas quedan suspirando por una. El gobierno siempre las había otorgado discrecionalmente. Siempre ha sido facultad del gobernador asignar las concesiones.

Todavía hasta el período gubernamental del profesor Enrique Olivares Santana el tener un taxi no era cosa que muchos desearan. Entonces surgió el «sitio» de la central camionera, con 25 unidades, y simultáneamente se incrementó el número de autos de alquiler en toda la ciudad. De hecho en ese momento se despertó la ambición por un «permiso».

Al concluir el período de gobierno del profesor J. Refugio Esparza Reyes, el número de concesiones sólo llegaba a 421; pero seis años después, Rodolfo Landeros Gallegos dejó la cifra en 1,100; con el ingeniero Miguel Angel Barberena ascendió a 2097 el número de concesiones otorgadas y al entregar Otto Granados la administración del Estado a Felipe González, ya eran 2,903.

Al tiempo que se disparaba el número de taxis en operación también crecía como la espuma el interés por las concesiones, lo que dio origen al «mercado negro». Durante el gobierno del ingeniero Barberena se hicieron intentos para regularizar la operación de los carros de sitio y lo mismo ocurrió en el de Otto Granados, gracias a lo cual muchas personas que habían comprado una concesión, lograron que fuera puesta a su nombre, lo que les permitió contar con mayor seguridad y tranquilidad.

Lamentablemente dicha regularización alentó el tráfico de concesiones, y también lo favoreció el hecho de que en los dos sexenios inmediatos anteriores se hayan otorgado un poco más de 1,800 títulos.

Así, como a mayor número de concesiones otorgadas, mayor es el número de personas desilusionadas, durante las campañas políticas era común escuchar solicitudes de permiso para auto de alquiler, y quejas e inconformidades porque a unos sí les dan y a otros no; y no faltó quien hiciera ver a los choferes que ellos podrían ser los dueños del taxi que manejan, y entonces empezó la pugna: quitarles a unos para darles a otros.

Ganadas las elecciones, había que buscar la forma de cumplirles a los que quieren ser taxistas. Intentos anteriores por descubrir a los acaparadores de taxis habían fracasado, y nadie, mucho menos el gobierno ignora que ello es debido a que quienes vendieron su concesión, acuden en apoyo de quien les compró cuantas veces sean requeridos.

Felipe González, consciente de ello, expidió un decreto con fecha 14 de junio del presente año, para la Regularización del Servicio Público del Transporte de Pasajeros en su Modalidad de Taxis, y se procedió a aplicar diversos procedimientos para agarrar a los «acaparadores» con las manos en la puerta, pero los resultados tampoco fueron satisfactorios; aunque se «identificó» a varios de ellos, no se reunieron, empero, pruebas suficientes para actuar en su contra, así que se decidió el gobierno a poner en práctica un último recurso, «la madre de todas las batallas», buscando llevar a los «caciques del taxismo» hacia una trampa insalvable. Entonces se expidió la Convocatoria para la Revisión del Transporte Público de Pasajeros en su Modalidad de Taxi, que comenzó el 11 de octubre y deberá concluir el 18 de noviembre.

Con esta revisión, basada en lo que establece el Código Urbano del Estado de Aguascalientes, el Gobierno del Estado espera obtener los resultados que hasta ahora les han negado los procedimientos aplicados. Más aún, si en la primera vuelta los acaparadores vuelven a escurrírseles, ya tienen previsto que volverán a convocar a TODOS los concesionarios para otra revisión y cuantas sean necesarias, hasta lograr su objetivo.

Que los concesionarios se molesten, se inconformen y «digan misa», tendrá sin cuidado a las autoridades. «Lo que importa son los fines, no los medios», aseguran los encargados de esta tarea, y en esa tarea, retoman una vez más aspectos del Código Urbano referentes a las obligaciones de los concesionarios de taxis en cuya aplicación hubo, hasta ahora, consideraciones, tolerancia, como: que el taxi debe ser operado directa y personalmente por el concesionario - inclusive si es mujer o si es de avanzada edad -, y sólo por causas de fuerza mayor podrá eximírseles de ese requisito.

El Gobierno del Estado ha provocado una verdadera revolución con esa medida; está quedando bien con muchos ciudadanos que ven la posibilidad de hacerse de una concesión de taxi, y eso parece ser lo único importante.

Desde siempre ha existido la venta de concesiones, cuando los títulos son intransferibles; no se ha afectado a nadie, ni en su persona ni en sus bienes, si bien el Código Urbano es constantemente violado, pero lo que no se puede negar es que a quien se le otorgó una concesión fue para beneficiarlo, y si el beneficiario la vendió o la rentó, se benefició con ello, y el título quedó en manos de algún ciudadano que tiene posibilidades e interés en explotarlo. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué no se corrige el Código Urbano buscando simplemente que la prestación del servicio de transporte público en taxi sea eficiente? Si lo que causa escozor a las autoridades es el criterio con que hasta ahora se han asignado las concesiones, que no pretendan corregir lo que no les correspondió autorizar, y que expidan decretos para que mientras ellos estén no se incurra en lo mismo.

LA INICIATIVA NOVALES

Pero mientras el Gobierno de Felipe González pone en práctica su Revisión del Transporte Público de Pasajeros en su Modalidad de Taxi, esperando pillar, ahora sí, a los que considera acaparadores, aunque cada concesión tenga, legalmente, un propietario, y sin importarle el perjuicio que causará a muchos, el diputado José Luis Novales, panista también, promueve su propia iniciativa de reformas al Código Urbano en los aspectos referentes al Transporte Público de Pasajeros en su Modalidad de Taxi; reformas que parecen tener como finalidad, no dejar dudas de que quieren acabar con quienes ellos consideran enemigos políticos, por haber sido beneficiados en gobiernos anteriores. Para lograrlo, buscan inclusive anular al mismo gobernador del Estado, quitándole la facultad constitucional que tiene para otorgar las concesiones y, por otra parte, pretende que se den concesiones para todo tipo de servicio de transporte público en forma abierta, a quien lo desee, excepto a quien no haya acabado la Primaria.

Lo anterior podría significar que quienes logren conservar sus concesiones no obstante los fascistas requisitos a que están obligando, así sea una ley, se enfrentarían a una competencia que no dejaría ningún margen de ganancia para nadie.

Algunos aspectos sobresalientes de la «Iniciativa Novales», son los siguientes:

Artículo 706.- Sugiere quitar facultades al Gobernador de otorgar concesiones, y que sea el Consejo Consultivo del Transporte Público el que las asigne. (El promotor no toma en cuenta que el Art. 46 de la Constitución local señala que esta facultad del Ejecutivo es indelegable y que ni siquiera una decisión del Poder Legislativo puede cambiar esa disposición).

Artículo 708.- Sugiere que se otorguen en forma abierta las concesiones. (No toma en cuenta que actualmente hay 2903 concesiones y por lo menos 15 mil solicitudes, y que muchas personas más están en espera de que se publique la convocatoria que se les prometió, para presentar sus solicitudes, lo que convertiría al transporte público en autos de alquiler en un caos, que llevaría a infinidad de personas a comprometer su patrimonio en la compra de un automóvil y que a la vuelta de unos días, se encontrarían con que no sacan para mantenerse, mucho menos para pagar las deudas contraídas. ¡Y se atreven a asegurar que estas reformas son para «eficientar» el servicio!).

Artículo 726.- Marca la obligación de que cada concesionario contrate una póliza de seguro de cobertura amplia para garantizar reparación del daño a pasajeros y a terceros. (Pero el que elaboró dicha iniciativa no repara en que esa obligación, ya señalada en el Código Urbano, ¡se refiere a los autobuses y no a los carros de sitio! Prueba de ello es que habla de que las unidades deben contar con timbre para que el pasajero pueda anunciar su deseo de bajar. Sobre todo, ignora el promotor de esas reformas que es política de todas las Aseguradoras NO ASEGURAR taxis, y tan así que no existe tarifa para el efecto; cuando mucho se puede adquirir una póliza por «Responsabilidad Civil Pasajero», pero es tal la confusión - o ignorancia - que priva actualmente en los encargados de aplicar estas disposiciones, que inclusive en la convocatoria para la revisión que se está llevando a cabo, se exige presentar una póliza de Seguro de Viajero.

Artículo 727.- Sugiere que el concesionario tenga la obligación de asegurar al chofer. (No tiene en cuenta el promotor de la iniciativa, que en la práctica los choferes obtienen ganancias mayores que el concesionario, el cual está sujeto a una tarifa fija, pero sobre todo, que entre los choferes hay una gran resistencia a ser asegurados).

Artículo 733.- Abre la puerta a la operación de ¡taxis de lujo!

Artículo 734.- Señala que habría tarifas más altas para aquellos.

Artículo 735.- Autorizaría que una persona pueda tener hasta tres concesiones de ese tipo, pero en el

Artículo 737.- Habla de que deberá practicarse una estricta selección de los conductores. (Por un lado quiere saturar de autos de alquiler la ciudad, lo que obligaría a casi regalar el servicio, y por otro se refiere a taxis de lujo con tarifas también de lujo, pero igualmente incongruente es lo de la selección de choferes.

Otra de las «puntadas» de José Luis Novales es que la vigencia de las concesiones, que actualmente es de tres años, según el Código Urbano, se reduzca a un año.

Conclusiones:

Este asunto, además de tener todas las características de una «cacería de brujas» denota una pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo que habrá qué esperar para saber quién se queda con el control del transporte público: el Gobierno del Estado o el Congreso.

Lo que sí parece seguro es que para el gremio de los taxistas, sean beneficiarios de un gobierno priista o del actual gobierno panista, el futuro no es nada esperanzador, ya que la iniciativa en mención es de un diputado panista, y el PAN en el Congreso del Estado es mayoría, así que no tendrían problemas para imponer esas nuevas reglas.

Las revisiones documentales que se llevan a cabo podrían, en efecto, servir para descubrir los casos en que el titular vendió la concesión, pero a fin de cuentas, la persona a la que le sea reasignada, y aquellos que logren conservar la suya, tendrán que enfrentarse a una situación muy difícil, crítica, aún sin que se aprueben las reformas aludidas, pues quien tenga una concesión para taxi ya no tendrá la posibilidad de buscar emplearse en otra parte para complementar el presupuesto que en su hogar se requiere, porque para conservar la concesión, tendrá que manejar personalmente su unidad. De otro modo, tendrá que renunciar a ella, como se renuncia a una colilla de cigarro. ¡Fácil! ¿No?

Por eso ahora, más que nunca, es obligado preguntar: ¿Por qué tanta saña contra los taxistas - aún aceptando que haya monopolios- si es el mismo reglamento que rige para los concesionarios de camiones urbanos y combis? ¿Acaso no hay quien tenga más de un camión urbano? ¿Por qué sí se permiten «monopolios» de camiones urbanos y no de taxistas? ¿Por qué la ley se aplica de manera diferente para camioneros y taxistas, siendo la misma?