PONENCIA PRESENTADA POR EL CENTRO PROMOTOR DE LA RADIO COMUNITARIA EN MEXICO AL PRIMER FORO REGIONAL DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE COMUNICACION SOCIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS México, D.F., 8-9 de junio de 1995 La radio en México se ha desarrollado como una industria que excluye la participación efectiva y continua de sus escuchas, que ignora sus necesidades, tradiciones e intereses como comunidades diversas con identidades propias. En este modelo de radio mercantil, los radioescuchas se encuentran reducidos a la condición de auditorios pasivos, consumidores potenciales de bienes y servicios, cómplices obligados de la fabricación de ídolos efímeros.
- CRITERIOS PARA UNA LEY DE RADIO COMUNITARIA EN MEXICO
La alternativa que es la «radio cultural» las radios universitarias, las radios indigenistas, ciertas estaciones sostenidas por el gobierno federal o por gobiernos estatales están sujetas a condiciones de insuficiencia e irregularidad de recursos, a los frecuentes cambios de ritmo, de rumbo y de estilo que impone el peculiar ritmo sexenal de nuestra vida política.
Esta circunstancia es determinada por una legislación diseñada para alentar a la radiodifusión como industria, como un fenómeno comercial que requiere recuperar y acrecentar las grandes inversiones necesarias para instalar y mantener en operación estaciones transmisoras. Las radiodifusoras mercantiles, además, se imponen como necesidad el llegar a públicos masivos, extensas coberturas que sólo son posibles con transmisores de enormes potencias.
La tendencia contraria, a procurar contactos personalizados con radioescuchas activos y participantes, a comprender ámbitos locales y comunidades definidas, ha sido alentada en diversos segmentos de la radio del Estado o sostenida por instituciones universitarias. Sin embargo, esto ha sucedido durante periodos breves, marcados frecuentemente por una limitación legal ahora aberrante: las radios de carácter cultural, como permisionarias, no pueden comercializar su tiempo al aire y así son ahogadas por costos irrecuperables.
En todo el mundo se desarrolla un amplio movimiento de radio comunitaria, una radio diseñada y sostenida por las propias comunidades campesinos, mineros, indígenas, pobladores de las periferias urbanas, grupos de jóvenes y de mujeres y un infinito etcétera , que desde la década pasada se organizaron en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
La quinta reunión de AMARC se organizó en Oaxtepec, México, en agosto de 1992, y la sexta fue en Senegal, en enero pasado; ahora mismo se registran más de doscientas radiodifusoras o centros de producción radiofónica de carácter comunitario en América Latina. Como resultado de esta situación, en Chile y en Colombia y casi en Paraguay existen ya legislaciones específicas que protegen y enriquecen la existencia de las radios comunitarias.
En México no ha sido posible desarrollar un movimiento similar, muy probablemente porque no existe un marco jurídico adecuado, ni disposición del Estado para propiciar su desarrollo. Nuestra ponencia pretende contribuir en este sentido. Documentos similares fueron presentados a los foros de consulta convocados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (el 21 de abril en Veracruz) y por la Secretaría de Gobernación (el 28 de abril en Guadalajara), durante el proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cinco años.
Presentamos ahora los criterios que nos parecen esenciales para iniciar la discusión acerca de una necesaria nueva ley de radiodifusión comunitaria en México:
1. El Estado mexicano declara que la radiodifusión comunitaria es de interés público, y como tal es protegida por la Constitución federal y todas las leyes derivadas que sean pertinentes.
2. Cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos tiene pleno derecho a instalar, operar y comercializar estaciones de radiodifusión de alcance local, a condición de destinarlas a fortalecer proyectos de desarrollo social y bienestar colectivo, y que demuestren ampliamente su experiencia y disposición en este sentido. La nueva ley reconocerá y garantizará el derecho a integrar centros de producción de radio comunitaria.
3. Las radiodifusoras comunitarias, como parte de proyectos amplios de desarrollo social y bienestar colectivo, destinarán todos sus ingresos, en forma de donaciones o contratos publicitarios, precisamente a los proyectos de que son parte. Su actividad, al considerarse de interés público, no será causante de impuestos.
4. Se integrará un Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria, como un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y presupuesto propios, que será el único facultado para evaluar, autorizar, vigilar y revocar las solicitudes de permiso para la instalación y operación de radiodifusoras comunitarias.
5. Este consejo, además, será responsable de promover la investigación y el desarrollo tecnológico y profesional de las radiodifusoras comunitarias y los equipos que las mantienen. El Estado quedará obligado a asegurar la existencia y apoyar adecuadamente las tareas del Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria.
6. El Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en todo caso atendiendo el dictamen del Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria, recibirá el mandato de entregar permisos, irrevocables y por tiempo indefinido, para la instalación y operación de radiodifusoras comunitarias. Este permiso deberá entregarse dentro de los primeros treinta días naturales desde la recepción del dictamen del consejo.
7. En tanto se modifica la legislación vigente correspondiente, el Estado asegurará los mecanismos fiscales adecuados para que los anunciantes hagan deducibles de impuestos sus donaciones o sus gastos publicitarios en tiempo al aire, como una forma de garantizar la permanencia y desarrollo de las radiodifusoras comunitarias.
8. Se integrará un órgano provisional con representantes de universidades y colegios de profesionales de la comunicación, con la única función de integrar el primer Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria, de acuerdo con la nueva ley.
9. El Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria será un órgano colegiado que se integrará por trece miembros, removibles cada dos años y reelegibles sólo después de dos periodos.
10. Integrarán este consejo dos representantes con mandato nombrados por el Poder Ejecutivo Federal, uno de ellos perteneciente al Gabinete de Desarrollo Social; un representante de la primera minoría en la Cámara de Diputados federal y un representante del Senado, que garanticen la presencia de los estados; y nueve representantes de los radiodifusores comunitarios.
11. Cada una de las organizaciones comunitarias que hayan entregado una solicitud, en los términos previstos por la nueva legislación, para instalar y operar estaciones de radio de alcance local, y cada uno de los centros productores de radio comunitaria que mantengan relaciones de colaboración con estas radiodifusoras, tendrá derecho a presentar candidaturas y derecho a un voto para integrar la representación al consejo nacional.
12. Los representantes de los radiodifusores comunitarios no deberán tener militancia partidista, ni haber tenido puestos de representación popular u ocupado puestos de mando superior en la administración pública.
13. El Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria tendrá un secretario técnico, sin voz ni voto, y un consejo asesor integrado por tres especialistas de la comunicación radiofónica asimismo removibles cada dos años y no reelegibles.
14. La primera responsabilidad del Consejo Nacional de Radiodifusión Comunitaria será establecer los procedimientos para la recepción, evaluación, dictamen y revocación de solicitudes para instalar y operar estaciones de radio de alcance local.Estos criterios, basados en experiencias de desarrollo de la radio comunitaria en todo el mundo, y en el conocimiento de las legislaciones ya existentes o en estudio en América Latina, se presentan como una propuesta inicial.
Seguramente requieren la participación amplia de radioescuchas, productores e investigadores de la radio para encontrar formas adecuadas a la realidad y la perspectiva nacional.
Este foro, para ser efectivo, debe propiciar la continuidad de las iniciativas aquí conocidas; de nuestra parte, nos declaramos dispuestos a escuchar todas las ideas que aseguren el fortalecimiento de un modelo alternativo de comunicación radiofónica en México.
PONENCIA PRESENTADA POR EL CENTRO PROMOTOR DE LA RADIO COMUNITARIA EN MEXICO AL FORO DE CONSULTA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Veracruz, Ver., 21 de abril de 1995 Hablar de cultura y medios de comunicación requiere hablar, necesariamente, de lo que une a estos conceptos: la comunidad, el espacio que ocupa lo que se tiene y se hace en común, lo que se comparte.
- UN ESPACIO PARA LA RADIO COMUNITARIA EN MEXICO
«Todo es cultura» es una definición quizá elemental, pero que ha sido útil por una de sus consecuencias prácticas: todos somos la cultura, cada uno es parte de una cultura que asumimos y desarrollamos en común, el modo de ser y de hacer que corresponde a cada una de las infinitas y diversas comunidades en las que participamos y que constituyen nuestra identidad individual.
Pero si la cultura, desde sus definiciones más simples, se entiende como algo propio, independientemente de nuestras actitudes en relación con cada comunidad en que existimos como individuos, en cambio los medios de comunicación aparecen ajenos y lejanos para nuestras necesidades de expresión, individuales y comunitarias.
Estaremos de acuerdo en que hablar de cultura en los medios de comunicación no es --o no sólo es-- dar espacios limitados a los artistas e intelectuales, a los foros independientes, a las ideas e iniciativas alternativas, o abrirlos a las opiniones de los públicos en un diálogo simulado. También coincidiremos en que la función principal de los medios de comunicación no es convertirse en un mal remedo de la educación escolarizada.
En el caso de la radio, hablamos de un problema de estructura, determinado por las relaciones existentes entre el Estado que concesiona frecuencias y los empresarios que las ocupan, y entre ambos y los públicos radiofónicos.
La radio en México se ha desarrollado hasta ser una próspera industria, que ha permitido a sus empresarios ensayar gigantescas inversiones trasnacionales en nuevas tecnologías. Lo han logrado sobre la base de una programación que ignora los infinitos recursos sonoros de la imaginación radiofónica, y que desprecia a los receptores reduciéndolos a la condición de consumidores, pasivos y dispersos.
La radio cultural, la radio universitaria, con todo y sus muy valiosos ensayos de participación comunitaria, habitualmente son de propiedad estatal o en todo caso se sujetan a disciplinas institucionales. En México esto significa limitación, condicionamiento e irregularidad en la asignación de recursos.
Nos encontramos, entonces, con la paradoja de que la radio comunitaria que escasamente se ha desarrollado en México es una radio del Estado; así se cierra este círculo perverso: las comunidades tienen sólo una alternativa, radio mercantil o radio estatal, normalmente poco atentas a sus propias necesidades e intereses.
Cambiar esta circunstancia es responsabilidad de los medios de comunicación, de los comunicadores, desde luego de las mismas comunidades, pero nada de esto excluye la responsabilidad fundamental del Estado.
Los próximos cinco años, los que quiere comprender el plan gubernamental cuya preparación ahora nos convoca, serán definitorios por la aceleración de la electrónica y de las telecomunicaciones, que tienden a fragmentar aún más a los universos de receptores y a confinarlos a ambientes domésticos. El caso de la radio sigue siendo particular: sus características técnicas permiten el uso creciente de receptores portátiles, pero ahora su desarrollo permite además la apropiación de la tecnología para la transmisión.
Lo que nos interesa es que pronto será notable el uso comunitario de transmisores portátiles, de baja potencia y de alcance limitado; debemos anticiparnos a esta realidad y prepararnos, Estado y sociedad civil, para desarrollarla en el sentido del interés público.
La política del Estado en materia de medios de comunicación debe asegurar el desarrollo efectivo de medios comunitarios, iniciando con la declaratoria de que son de interés público.
El Estado debe asegurar el desarrollo de una radio de participación, una auténtica radio comunitaria, al menos por dos vías: el establecimiento de un marco jurídico adecuado, específico para la radio comunitaria, y el suficiente apoyo financiero, fiscal y tecnológico para la existencia de empresas y organismos de la sociedad civil dispuestos a instalar y operar estaciones transmisoras.
DERECHO A LA RADIO
PONENCIA DEL CENTRO PROMOTOR DE LA RADIO COMUNITARIA EN MÉXICO AL FORO DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
México, D.F., 7-8 de febrero de 1996 El Estado conduce la política cultural mediante "indelegables facultades", dice el Programa de Cultura 1995-2000 que presentaron, el 17 de enero, el presidente Ernesto Zedillo y su delegado en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.Aquí debe buscarse la clave del carácter, el ritmo y la orientación de las iniciativas de creación y promoción cultural en México. Y del gasto de los recursos públicos confiados (por el Estado) para sostener esta ilusión.
En 1996, informó Rafael Tovar y de Teresa antes de salir a su viaje por cuatro países europeos, el CNCA gastará mil 600 millones de pesos. En promedio, 17 pesos por cada mexicano. Las decisiones sobre este gasto (como ingreso y como egreso) han sido «indelegables facultades» del Poder Ejecutivo.
Nosotros hemos trabajado durante un año sólo con recursos propios. El resto de nuestros recursos, apropiados por el Estado como impuestos, lo manejan funcionarios públicos en distintos niveles.
Sin embargo, es nuestra convicción que la salida no es multiplicar las becas, sino redistribuir efectivamente los recursos públicos para alentar iniciativas no institucionales. Más que multiplicar los privilegios, se trata de garantizar los derechos de los mexicanos organizados para emprender y mantener iniciativas culturales.
Las iniciativas comunitarias, en el caso de la radio, nuestro campo de trabajo, están condenadas a no prosperar por una ley vigente durante 35 años (antes de la miniaturización y digitalización de los receptores, y también de los transmisores).
La Ley Federal de Radio y Televisión, como ustedes saben, admite solamente dos figuras jurídicas, que además son excluyentes: la concesión, para lo que conocemos como «radio comercial», con pleno derecho a hacer negocios con la ocupación de un espacio que es «propiedad inalienable de la nación», y el permiso, para la llamada «radio cultural», que no puede comercializar su tiempo al aire ni convenir patrocinios.
En México, la radio comunitaria (la radio de participación, la radio en común) se ha desarrollado en segmentos de la radio comercial (lo que los «industriales» presentan como «radio de servicio») y, por otro lado, como radio institucional en diversas formas: radios universitarias, radios indigenistas, Radio Educación, etcétera.
No es posible la existencia de empresas radiofónicas resultantes de iniciativas comunitarias, ligadas orgánicamente con proyectos de desarrollo y bienestar de las comunidades. Los intentos independientes (mucho más numerosos que los admitidos por nuestra memoria) han terminado por estrellarse con la prohibición de ser empresas legales y empresas rentables.
1995: un grupo de habitantes de Ciudad Mendoza, en Veracruz, encuentra aprobado un proyecto de radio comunitaria por el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias del CNCA. Diez mil nuevos pesos.
1995: un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordena el cierre de Radio Huayacocotla, también en Veracruz, decana de las radios comunitarias en México. El cierre es legal: su equipo es inadecuado para la transmisión. Pero tampoco para Radio Huayacocotla hubieran bastado diez mil nuevos pesos.
Dos políticas y la misma (o sea, ninguna) como el Estado ejerce su «responsabilidad irrenunciable» de «posibilitar a los más amplios grupos de mexicanos el disfrute y apreciación de las manifestaciones del arte y la cultura nacionales y universales a través de los medios audiovisuales», estableciendo como estrategia para ese objetivo (según los 200 gramos de su Programa de Cultura 1995-2000) «ampliar los espacios y canales de comunicación dedicados a las manifestaciones culturales populares».
Si entendimos bien la convocatoria de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en este foro se trata de imaginar mejores condiciones legales para que el arte y la cultura en nuestro país encuentren espacios y caminos propicios, para su creación y para su recreación.
En otros foros similares hemos presentado y argumentado la posición y la orientación del Centro Promotor de la Radio Comunitaria en México. Ahora nos ha parecido adecuado este nuevo encuentro con los legisladores para insistir en una necesidad básica: debe establecerse como una garantía constitucional, quizá en el artículo 4, el derecho de cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos para fundar y operar radiodifusoras ligadas con proyectos comunitarios.
Esto significa no sólo revisar para modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, sino sustituirla con una nueva legislación, que retire al Poder Ejecutivo la atribución autoritaria de decidir quién transmite y cómo transmite, y si puede o no trabajar para ganar sus propios recursos. ¿Quién interfiere a quién? En todo caso, que lo decidan los públicos, y que tengan capacidad efectiva para expresar su decisión.
Las radios comunitarias deben ser legales, y rentables. Aquí entra nuestra tercera propuesta concreta de trabajo legislativo: el Estado debe asegurar la existencia de las radios comunitarias mediante la exención de impuestos, a la empresa radiodifusora y a sus patrocinadores.
Derecho a la radio. En el resto de la América Latina se sigue considerando injustamente a México como «el hermano mayor». Ahora sabemos que los hermanos mayores tienden a ser hermanos incómodos, aunque en el caso de la radio comunitaria sin duda el tratamiento es inmerecido: hasta el año pasado, en la América Latina se han promulgado (o se encuentran en discusión parlamentaria) leyes de radio comunitaria en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Paraguay. ¿En México? Para eso nos convocaron los señores diputados de la Comisión de Cultura, y confiamos en su seriedad para no seguir saturando nuestros libreros de nuevas ilusiones.
- LA RADIO Y EL PÚBLICO: ¿DE QUÉ HABLAMOS?
PONENCIA PRESENTADA EN EL IX CONGRESO ANUAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN "MÁS ALLÁ DE LA FÓRMULA: EXPLORANDO OPCIONES". UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS UNIDAD CHOLULA
Cholula, Pue., 23 de octubre de 1996
Cuando se nos pregunta qué es la radio comunitaria, nuestra primera respuesta es rápida y sencilla: no sabemos. Lo que sabemos es que una radio comunitaria no es una radio pequeña, de baja potencia y cobertura limitada, campesina o indígena, semiclandestina, ilegal o francamente subversiva. Puede serlo, y con frecuencia se le encuentra con estas características; pero esto no es la naturaleza de la radio comunitaria.
Entonces, ¿qué es la radio comunitaria? Hemos ensayado una definición de lo que sí es, lo que puede ser, lo que deseamos que sea la radio comunitaria. Hemos repetido que una radio se define por la relación que establece con sus radioescuchas. Así, la "radio comunitaria" es la que se organiza como respuesta a la iniciativa de una comunidad, una radio que tiene la comunidad, una radio que hace la comunidad. "La radio es de quien la escucha", es el lema con el que resumimos esta idea nuestra de la radio comunitaria.
Sí, pero ¿qué es la radio comunitaria? Habituados a la trampa, queremos ahora (otra vez) dar un rodeo por la crítica a los modelos radiofónicos dominantes en México; en el camino, si nos acompañan, podremos elaborar juntos una respuesta.
En México, la "radio cultural" desarrollada por instituciones estatales y universitarias, y la "radio de servicio" de que presume la radio comercial, proponen formas siempre limitadas de participación (una participación ilusoria) de los radioescuchas. La radio comunitaria trabaja con radioescuchas que se preparan para producir sus propios programas, radioescuchas que desean dejar de ser radioescuchas. Nos explicaremos.
De acuerdo con el sumario de información de cobertura de servicios de los medios de comunicación, recientemente publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en México operan 768 radiodifusoras concesionadas en amplitud modulada y 406 en frecuencia modulada; las radiodifusoras permisionadas son más bien escasas: 86 en amplitud modulada y 78 en frecuencia modulada. En suma, los mexicanos podemos escuchar mil 174 estaciones de la "radio comercial", ó 164 de la "radio cultural", el 14 por ciento.
El evidente desequilibrio es justificado desde la "industria de la radio" por la aparente saturación del cuadrante y por la falsa diversidad de propuestas radiofónicas. En todo caso, dirán, para otros usos de la radio ya están las "radios culturales", que frágilmente, desganadamente, sostienen instituciones gubernamentales y universitarias. En todo caso, dirán, la "radio comercial" es, ¡cómo no!, una "radio de servicio".
La radio comercial, ha escrito la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal, asume con gusto y no sólo con disciplina su "papel social": el que le impone la anacrónica, ambigua y despreciada legislación actual. La radio comercial, dicen los concesionarios radiofónicos de la ciudad de México, "ha otorgado espacios a la expresión de los diversos grupos y sectores organizados que existen en la sociedad". Aunque ustedes y nosotros coincidiremos en que sólo se otorga lo propio, pero no lo ajeno que se tiene temporalmente como concesión.
¿Cómo se expresa esta conmovedora generosidad? Sí, es frecuente escuchar en la radio de la capital, particularmente en la banda de amplitud modulada, barras de indiscutible utilidad social: consejos médicos, noticias, consejos fiscales, noticias, consejos para el hogar, noticias... Es un pequeño "boom" de la "radio hablada", como complemento más que como alternativa a la "radio musical", la enorme sinfonola mantenida en sociedad con las grandes empresas vendedoras de discos y estrellas fugaces.
¿Pero es que puede esperarse algo más de los concesionarios, los empresarios, los "industriales de la radio"? Su comportamiento no deja de responder a una cierta lógica: la lógica del capitalismo, que sólo se entiende entre mercancías, competencia, uso y abuso del consumidor, grandes inversiones y por tanto rápidos flujos de capital. Así, los mensajes radiofónicos no son más que mercancías, y los radioescuchas se convierten en simples consumidores de esos mensajes. Son "el auditorio", "nuestro auditorio".
Pero resulta que en México estos empresarios de la radio, con unas cuantas notabilísimas y monopólicas excepciones, piensan y se organizan más bien con la lógica del changarro, el pequeño negocio que sin demasiadas complicaciones da para ir saliendo. Para estos radio-changarros, si no se venden los jitomates se cambia a la ropa para bebé; si no "vende" una radiodifusora de rock, se cambia a la onda grupera.
¿Qué queremos nosotros, que trabajamos por lo que conocemos como "radio comunitaria"? Queremos que sea reconocido expresamente por las leyes el derecho de cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos a instalar y operar estaciones radiodifusoras. Queremos hacer y tener nuestras propias radios. Queremos que estas radios, necesariamente vinculadas con proyectos de desarrollo y bienestar comunitario, sean reconocidas como empresas legales, y alentadas por el Estado para mantenerse como empresas rentables. Queremos la radio comunitaria en México.
- CEPRAC EN EL PRIMER ENCUENTRO AMARC MÉXICO
El derecho a la información es un derecho humano incuestionable. Así lo ha reconocido repetidamente el gobierno mexicano, al signar y ratificar diversos convenios internacionales que obligan a dar forma y respetar el derecho de los ciudadanos mexicanos a asociarse, expresarse e informarse. La legislación mexicana convierte automáticamente en leyes a estos convenios, al ratificarlos el Senado de la República, como sucedió hace ya diecisiete años.
Nuestra Constitución política destaca principios que las radios comunitarias mexicanas asumen: el principio de la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, la libertad de profesión y de comercio, y la libertad de información, consagrados todos como garantías individuales irrenunciables.
Las radios comunitarias han ganado en México su pleno derecho a existir y desarrollarse con una identidad propia.
Durante más de treinta años, las radios comunitarias que han surgido en todo nuestro país han participado activamente en la vida cotidiana de sus comunidades, convirtiéndose en un elemento de educación y participación, y además han sido un factor importante para el fomento de las economías de escala regional.
El espectro radioeléctrico es un bien público. Aún más: por su carácter, el espacio por el que se transmiten ondas de radio no puede ser sino patrimonio de la humanidad.
Cualquier régimen de concesionamiento del espacio radioeléctrico debe respetar este principio. En México, estas concesiones, en las diversas formas que establece la legislación vigente, han sido desde siempre una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, arbitraria y anticonstitucional, que ha propiciado la formación de monopolios que atentan no sólo contra el principio de igualdad ante la ley sino incluso contra las condiciones requiere la competencia económica en sistemas como el nuestro.
Esta discrecionalidad, y la concentración monopólica que propicia, deben terminar ya.
Deben establecerse normas y procedimientos para asegurar la vigilancia pública del uso de las concesiones radiofónicas, así como para su posible revocación. Es importante asimismo establecer la figura del defensor del radioescucha, que asegure el respeto a las normas, a los intereses nacionales y a la dignidad de los públicos.
En ese sentido, el Primer Encuentro Nacional de Socios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias declara su apoyo a la creación de un Consejo Nacional de Comunicación Social y su correspondiente Comité Técnico de Permisos y Concesiones, contenidos en la iniciativa de reformas que promueven diputados del PAN, el PRD y el PT en la actual Legislatura, y reclamamos nuestro derecho a estar representados en estos órganos.
Asimismo, este encuentro Amarc México reclama que se reconozca expresamente el pleno derecho de cualquier grupo organizado de ciudadanos mexicanos a instalar, operar y explotar estaciones radiodifusoras que respondan a iniciativas y sirvan a proyectos de desarrollo comunitario, mediante la promoción de empresas legales y rentables.
Manifestamos nuestra disposición y reclamamos nuestro derecho a participar en todos los momentos de la discusión, dentro y fuera del Congreso de la Unión, para lograr un marco jurídico que asegure la existencia y el desarrollo de la radio y de otros medios de carácter y orientación comunitaria.
No queremos, y rechazaríamos, una ley que limite a la radio comunitaria; las radios comunitarias, las comunidades que animan y dan sentido a nuestros proyectos de radio comunitaria, reclamamos un conjunto de normas que obliguen al Estado a promover a los medios de comunicación sin fines de lucro, preocupados exclusivamente por la rentabilidad social, determinada por sus propósitos de bienestar y desarrollo comunitarios.
Por nuestra parte, expresamos nuestro compromiso de corresponsabilizarnos en el desarrollo de medios comunitarios creados y manejados por las infinitas comunidades que integran nuestra realidad nacional, como factores indispensables de identidad cultural, participación democrática, solidaridad y desarrollo de nuestros pueblos.
La radio es de quien la escucha. No puede dejar de escucharse a las voces que viven en nuestras radios comunitarias.
Ciudad de México, 19 de junio de 1997.
- LA NUEVA RADIO EN LA NUEVA CIUDAD
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, que lo es desde el pasado 3 de diciembre, habló durante su campaña electoral de la posibilidad de crear "radiodifusoras y televisoras delegacionales". La propuesta fue retomada en su plan de gobierno, aunque ahora sólo se menciona a "la radio de la ciudad de México".
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo de Cárdenas, adelantó por su parte la intención de promover una radiodifusora y una televisora para el Congreso, aunque limitadas a la transmisión de las sesiones.
Un conocido militante de ese partido, el dirigente vecinal y actor Marco Rascón, quien ya como diputado federal inició en 1994 una efímera red de "radios piratas" en la capital, elaboró y presentó a discusión parlamentaria en la anterior Legislatura una iniciativa que, en suma, propone que sean las autoridades municipales quienes otorguen los permisos de transmisión radiofónica.
A unos días de la asunción del primer gobernador del Distrito Federal no elegido por el presidente de la república, Marco Rascón encabezó a una improvisada comisión que entregó la solicitud para que Cuauhtémoc Cárdenas autorice la operación de una radio en la ciudad de México.
De acuerdo con la poca información que puede conocerse acerca de la propuesta, se planteó la posibilidad de que esta radio funcione en la frecuencia de la XHOF, 105.7 mHz en la banda de frecuencia modulada, que estaba permisionada al Departamento del Distrito Federal pero que se integró al Instituto Mexicano de la Radio desde la formación de este órgano estatal, en donde permanece como una radio comercial más.
Con un cuadro todavía incompleto, una primera crítica debe hacerse a la idea de que una radiodifusora basta para atender a una población de ocho millones de personas, y otras tantas en los municipios conurbados. No es necesario insistir en la complejidad de una ciudad que hace suficientemente diferentes a los pobladores como para definir numerosas comunidades, barrios, pueblos, unidades habitacionales, más allá incluso de la arbitraria división administrativa en delegaciones.
Una segunda crítica debe referirse a la operación misma de la radiodifusora. Las estructuras de organización y los mecanismos de participación de los habitantes de la ciudad en las decisiones de gobierno urbano son inexistentes, muy débiles o demasiado politizadas, y es frecuente encontrarlas estrechamente relacionadas con el PRD, el partido que ahora domina en el Distrito Federal. Incluso si esta relación permitiera efectivamente la participación de los habitantes de la ciudad --aún no ciudadanos-- en la operación de esta frecuencia, nada asegura la atención del restante 50 por ciento de los votantes, ni de los cientos de miles de menores de edad que no votaron.
Por cierto, ¿existe suficiente producción radiofónica, de suficiente calidad, para mantener en operación continua a una radio? Otra vez --ahora más que nunca--, ¿quién establecería los parámetros de calidad y de interés?
Atendiendo a uno de los conceptos que nos parecen esenciales para lo que llamamos radio comunitaria, hemos insistido durante tres años en que es un error suponer que sólo puede existir la "radio hertziana", desechando las infinitas posibilidades que la imaginación de las comunidades ha encontrado y sigue ensayando para difundir su palabra: audiocassettes, altavoces, invitaciones o espacios propios en radios establecidas, ¡Internet!
Además, se nos pasa el tiempo sin entender que tan importante como hacer radio lo es hacer radios, planear, diseñar, instalar y mantener proyectos radiofónicos que además de la producción de programas se ocupen de la capacitación, la investigación, la comercialización, la administración y el desarrollo tecnológico.
Pero en el fondo de la propuesta de "la radio de la ciudad" presentada a Cárdenas se encuentra el problema esencial. Un concepto equivocado, que ha obstruido el desarrollo de las radios no comerciales y no estatales en México. En efecto, al solicitar al jefe de gobierno del Distrito Federal que, por sus propias atribuciones, autorice la operación de una o varias estaciones de radio, se contradice el principal argumento contra la arbitrariedad en el proceso de asignación de frecuencias radiofónicas.
Descontando el avance evidente de una nueva propuesta radiofónica, o los problemas técnicos para su organización, operación y mantenimiento, con "la radio de la ciudad" así nacida estaríamos aprobando y fortaleciendo el hecho de que una autoridad ejecutiva --tal como sucede con el presidente de la república en lo federal-- decide quién transmite, quién no transmite, qué transmite, cómo transmite.
De nuestra parte, en el caso de que el gobierno de la ciudad de México decidiera tener su radiodifusora, saludaríamos su indiscutible derecho, como el de cualquier otro grupo de ciudadanos mexicanos, para instalar y operar una o varias estaciones de radio en beneficio de determinados intereses comunitarios. Si el gobierno de la ciudad de México trabajara por hacer una radio comunitaria, nos sentiríamos acompañados en los esfuerzos de casi cuatro décadas por construir "la otra radio" en México, una radio comunitaria que sea legal, rentable y escuchada.
publicado en Radiofonías, enero de 1998