S e encuentra en estos momentos en trámite parlamentario el Proyecto de Ley Orgánica que autorizará la ratificación, por parte del Reino de España, del Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997. Las posturas reflejadas por algunos grupos políticos de la Cámara, sin ánimo de crítica gratuita, son tan peculiares que rayan lo jocoso.

C uatro son las enmiendas que se han presentado al texto inicial (nº exp. 121/000116), dos de adición (Grupo Parlamentario Vasco) y otras dos de totalidad y devolución (Grupos Mixto y Federal de Izquierda Unida).

C omenzando por las presentadas desde las filas de los coaligados guberamentales (EAJ-PNV), éstas denotan (una vez más) tanto su burdo afán de protagonismo, como su desconocimiento básico del entramado internacional europeo (ya notoriamente puesto de manifiesto al días atrás presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa un asunto que cualquier estudiante de Segundo Curso de Derecho podría haberles explicado que no estaban legitimados para presentar, ni podría haber sido admitido a trámite por no reunir los requisitos procedimentales mínimos). La primera se refiere a la inclusión de un texto en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica (parte de la norma con mero valor ilustrativo y sin eficacia jurídica alguna) que justifique la inclusión de otra disposición adicional al final de la norma (ver texto propuesto enmiendas nº 1 y nº 2). Las pretensiones de los nacionalistas son claras y precisas: pretenden que el Presidente del Gobierno parezca "Blancanieves" colocando 17 sillitas tras de él en los Consejos Europeos, para mofa y sorna de sus colegas europeos.

A pesar de los largos años de pertenencia al proceso de integración europea no nos (se) hemos (han) dado cuenta de que el reparto competencial estatal no le debe importar en absoluto a las Instituciones comunitarias, pues eso es un fenómeno que se ventila en casa, y en casa debe quedar. ¿Dónde quedan los apoyos prestados al Gobierno para aprobar la Ley 2/1997, de 13 de marzo, sobre las Conferencias Sectoriales? ¿Por qué no se aprovechó esa reforma para que los nacionalistas vascos propusieran ese sistema de "información y seguimiento... de los asuntos comunitarios" para alcanzar "unas vías eficaces de concertación"... que ya existen (con su voto) y que hasta el día 22 de junio de 1998 (día de presentación de las Enmiendas) todos pensabamos que eran las Conferencias Sectoriales?. ¿Cederá el Sr. Aznar a las presiones de sus ¿socios? de Gobierno para adoptar estas Enmiendas?. Si finalmente se se consigue que algún miembro de las Comunidades Autonomas (tras la política de concertación de volutades Estado/CCAA en el seno de la Conferencia Sectorial, que es donde debe realizarse) tenga que acompañar (por que no podrá hacer nada más que eso) al Presidente de Gobierno a los Consejos Europeos o a los Ministros correspondientes a sus sesiones del Consejo de la Unión, ¿cómo evitarán las demás Comunidades Autónomas que, en contra de la igualdad jurídico-constitucional que disfrutan, no sean tan solo vascos y catalanes los que se paseen por Europa?. Posiblemente no podrán evitarlo.

Con respecto a las enmiendas a la totalidad y de devolución (es decir, que no desean que se ratifique el Tratado), las criticas deben ser mucho más suaves aunque igualmente merecidas. El hecho de que, efectivamente, la reforma realizada en Ámsterdam no sea gran cosa, no quiere decir que todas las modificaciones introducidas sean negativas, ni muchisimo menos. El Grupo Federal de Izquierda Unida, debería valorar más positivamente, por poner un solo ejemplo, los avances sociales realizados desde la Europa comunitaria, así como la inclusión de una verdadera política social en el nuevo texto (ahora ya, por fin "a 15"). Ciertamente, son muchas las cosas que deben cambiar en esta Europa que todos construimos día a día, pero son los proyectos de espíritu constructivo los que permiten mejorar, no los plantemientos que satanizan la Unión Europea como "el monstruo capitalista que oprime al guerrero proletario".

Por lo que se refiere a la oportunidad de convocar un Referendum (constitucionalmente definido como no vinculante), nunca se ha presentado un clima de euroescepticismo o crispación similar al de otros Estados vecinos, por lo que no parece necesario gastar el dineral que cuestan estas consultas para ver como su resultado coincide plenamente con las encuestas y sondeos, los cuales muestran a la población española como absolutamente proeuropeistas. Igualmente es necesario recordar, que para evitar este tipo de consultas (salvo casos evidentemente necesarios) existen los Parlamentos ¿no?, ¿no es eso el fruto palpable del principio de soberanía de los pueblos delegada en sus legítimos representantes?... pues entonces a currar que para eso votamos a su debido momento.

(No realizaremos ningún comentario sobre la dudosa corrección de la redacción de este último párrafo, ni sobre el hecho de que la denominación de "Tratado de la Comunidad Económica Europea" dejó de ser eficaz con el TUE, pasando a ser simplemente -desde 1992- "Comunidad Europea", por que seguro que ha estas alturas este detalle a ¿nadie se le escapa?).